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El acuerdo del decreto o el decreto del acuerdo…¡esa es la cuestión de la Reforma Laboral!

Todo el sentido común y la responsabilidad respecto al Diálogo Social, al acuerdo y la comunión política que nos exigía el Gobierno Central hace unos años para entender su estrategia política y económica para superar la crisis y frenar el avance del desempleo ha desaparecido. Se ha esfumado por la propia contradicción de su discurso desde que se inició la crisis y por el resultado estéril de su filosofía del consenso que, a día de hoy, sólo ha desencadenado la puesta en marcha de un decreto-ley con medidas de ajuste para contener el gasto público, sin el apoyo del Congreso, y la aprobación de una Reforma Laboral sin tener la aprobación de los Agentes Sociales.

Al final, los grandes y los pequeños problemas que afronta nuestro país empiezan a resolverse a golpe de decreto. Y puede que ésa también sea la única forma en la que desde ahora, comience a funcionar la política del Gobierno.

No obstante, esta velocidad reformista pierde fuerza cuando se trata de reformar otros ámbitos tan importantes como el laboral. Las reformas al sistema financiero siguen siendo lentas, el sistema judicial no cuenta aún con los recursos necesarios para castigar la corrupción política y empresarial, y no contamos con una reforma educativa que promueva la colaboración empresarial y territorial para facilitar la transición hacia un nuevo modelo social, económico y laboral.

Sin duda, reformar el sistema financiero es un asunto delicado. Sin embargo, el objetivo es reforzarlo y no castigarlo ni estigmatizarlo como muchos pueden creer; consiste en regularlo y garantizar su solidez para que no se frene la financiación, tan necesaria para reactivar la economía, pero que por culpa del aumento de la morosidad se ve en riesgo.

Como señala el periódico británico, ‘The Economist’, nuestro país ha perdido mucho tiempo en esta materia y actualmente se encuentra sumergido en un largo y engorroso proceso de reestructuración; amén de la telenovela de fusiones que viven actualmente las cajas de ahorro, (que significan la mitad del sistema financiero), por no haber impulsado antes medidas que sanearan sus cuentas, sacando a la luz todos los activos tóxicos de sus balances y despolitizando sus órganos de dirección. Situación que a medio y largo plazo, entorpecerá el ritmo de ajuste de la economía.

El interés personal, territorial y partidista y el sin sentido político, más que el sentido común, han encubierto el delicado estado de salud de un sector financiero sobredimensionado (España cuenta con un 30% más de bancos y cajas de las que realmente necesita). Pero el lobby financiero es fuerte y aunque hace bastantes meses el Fondo para la Reestructuración Bancaria (FROB) ya nos advertía de la necesidad de impulsar medidas que permitieran la despolitización y la profesionalidad de este tipo de entidades, se ha retardado cualquier reforma amparada por los movimientos internos de las comunidades autónomas y por la excesiva discreción del Banco de España.

La reestructuración del sistema financiero es tan importante como lo es establecer pautas más claras sobre transparencia (que viene a ser lo mismo que ‘mayor información’) para que las cajas y los bancos dejen de jugar constantemente con las modificaciones del crédito y de maquillar los datos de su morosidad. Aunque también es verdad que los Bancos, en su mayor parte, han reflejado estos datos en sus resultados, pero no así las Cajas.

No es fácil regular un sistema en el que los bancos son el motor de la economía, más si la amenaza de que cualquier regulación desencadene disponer de menos dinero para prestar y por tanto se dificulte aún más la concesión de créditos…y con ello la salida de la crisis. Pero es tan necesaria una reforma financiera como una Reforma Laboral, ya que éste es el cerebro de cualquier economía, un mecanismo que, bien ajustado, permite la asignación correcta de capital para que se continúen construyendo fábricas, viviendas y carreteras, se abran nuevas empresas y se consoliden las pymes…y por ende, el sistema genere más empleo. Y una mala reforma, con propuestas populistas, improvisadas, con el único objetivo de calmar a la opinión pública, lo que garantizaría otra vez sería una nueva crisis.

Por su parte, al igual que una reforma laboral y financiera debería existir la voluntad política de acabar con el lastre de la corrupción en el sector público y privado, dejando de lado la mala costumbre de sólo discutir quién tiene mayor responsabilidad en este tema ante la opinión pública y permitiendo que la justicia actúe en libertad para que pueda identificar, intervenir y castigar el mal uso de los fondos públicos y privados.

Asimismo, necesitamos reformas que cuiden y controlen las áreas de riesgo como son la contratación, urbanismo, la gestión de ingresos y de recursos públicos, la financiación de los partidos políticos, las subvenciones, etc., para luchar contra estas prácticas que degradan el sistema democrático.

Actualmente, hay 800 imputados en delitos relacionados con la corrupción en España entre políticos, funcionarios y empresarios, y España ocupa el puesto 32 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2009 de Transparency International. Dentro de la Europa Occidental superamos a Portugal, Italia y Grecia, pero estamos por debajo de los restantes países y también de otros países del Este como Estonia o Eslovenia y países latinoamericanos como Chile o Uruguay.

Más allá de interés político, nuestro sistema democrático necesita de mecanismos de control orgánico, normativo, parlamentario y político donde el principio de transparencia (nuevamente: mayor información), sea el que encabece cualquier acción; asimismo, necesita que los partidos políticos salgan de su rigidez tradicional de la administración pública que fomenta una alta politización de la administración y de nuevos mecanismos institucionales donde, por ejemplo, la selección de empleados públicos y el establecimiento de su continuidad dependan de su competencia o mérito más allá de su lealtad política.

Poner en marcha reformas para regular mejor el sistema laboral y financiero y establecer mecanismos que bloqueen la corrupción significa poner en marcha reformas estructurales, más allá del debate político y partidista.

Reformas que de llevarse a cabo, garantizarán la reactivación de la economía de una forma sostenible y la generación de empleo; pero de quedarse estancadas seguiremos creciendo a ciegas y nos llevarán a repetir la misma historia….lo que significará que continuaremos dando palos de ciego y siendo guiados por los mismos tuertos de siempre.

Por nuestra parte, hemos estado alerta y cumpliendo nuestro rol de llevar al debate entre los profesionales de RRHH las acciones de nuestros gobernantes. Y, aunque en esta función nos hemos ganado más de un calificativo desde el pesimismo derrotista, hemos seguido en este objetivo.

El próximo 16 de junio tendremos el decreto del acuerdo o el acuerdo del decreto, no sabemos todavía si edulcorado o con las victorias de la roja en el mundial y con una incapacidad de movilización sindical que por su 'pecebrismo' quedarán vacías de contenido. No nos quedará otra que comenzar de nuevo… y para comenzar sólo hay un camino: adelantar el proceso electoral.

Por cierto, les invito a leer de nuevo el editorial que publicamos en noviembre de 2008 y que me digan ahora si todo lo que allí aparecía eran o no propuestas de medidas derrotistas; se sorprenderán de su vigencia… y mira que me da rabia, como siempre, de acertar.

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Comentario por Santiago F. Barrero el junio 4, 2010 a las 1:54pm
¿Simplista permitir que la sociedad exprese su confianza en quien nos puede de la crisis antes de que sea demasiado tarde? El argumento, al menos, parece sectario, porque afortunadamente tenemos memoria, y sabemos perfectamente quién nos ha metido sistemáticamente en las crisis, y quién nos ha sacado de ellas, y cómo se ha desalojado del poder al que lo detentaba en cada caso. Eso está más allá de los partidos políticos, exactamente, está en valorar la eficiencia y, en justa coherencia, no valorar la ineficiencia, entre otras muchas razones. Los ataques interesados para la toma del poder son absolutamente legítimos en una democracia parlamentaria ¿o qué se pretende, que la oposición no haga oposición? ¿O es que el gobierno actual no trató de asaltar el poder cuando estaba en la oposición? Un poco de sensatez y menos de víscera es lo que necesita este desnortado país.
Comentario por juan manuel martinez ramos el junio 4, 2010 a las 11:53am
Si la respuesta a todo es el adelanto electoral estamos haciendo una lectura simplista de los problemas de nuestro pais. Precisamente en momentos como este es cuando no debemos sumar inquietudes a las ya existentes, sobre todo si no sabemos lo que puede venir a sustituir lo existente. Además esta sucediendo lo mismo que en la parabola "que viene el lobo", solo que esta vez lo estamos llamando para que venga, no todos , claro, sino más bien aquellos que necesitan que venga el lobo para justificar su ataque interesado a la toma de poder, anteponiendo esos intereses partidistas a los generales, es precismante lo que dices, que debemos estar por encima de los intereses de partidos concretos lo que necesitamos y eso no se consigue precisamente iniciando un proceso electoral.

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